La 64 Legislatura exhortó a la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que en el marco del regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022, realice todas las acciones necesarias de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios y calidad en la venta de útiles escolares, con el objetivo de contribuir al aprovechamiento del gasto familiar, y garantizar que esos productos cumplan con todas las disposiciones normativas.
La proposición con punto de acuerdo presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fredie Delfín Avendaño señala que hace unas semanas la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la Lista sugerida de útiles escolares para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2021-2022.
En el misma se establece que “en ningún caso estos materiales deberán ser costosos para la canasta familiar o representar algún riesgo para los alumnos” e, incluso, la SEP recomienda revisar los útiles usados en el ciclo anterior, antes de adquirir los materiales nuevos.
Añade que en días pasados el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, Diego Céspedes, advirtió que el precio de los artículos escolares ha sufrido un aumento de hasta el 15 por ciento.
“Hemos identificado un aumento de entre el 7 y 15 por ciento en el costo de los útiles escolares, dependiendo del producto”.
Verificación y vigilancia
Esto, según él, por el desabasto de materias primas a nivel global y el aumento en el costo de las importaciones.
Destaca que, frente a ello, en el ámbito nacional, la Profeco anunció ya que para evitar fraudes o abusos a la hora de comprar los útiles, realizará un programa de verificación y vigilancia, con el propósito de evitar abusos por parte de proveedores de bienes y servicios relacionados con el próximo regreso a clases.
El programa se lleva a cabo del lunes 16 de agosto al viernes 3 de septiembre del 2021, y se realiza conforme a los lineamientos establecidos por la administración federal para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como del sistema de semáforos regionales COVID-19.
Manifiesta que en Oaxaca solo existe una oficina de la Profeco y que el personal y los recursos con que cuenta son insuficientes para cubrir totalmente las necesidades del estado en materia de protección al consumidor.
Por ello, se propone hacer un exhorto a la delegación estatal de esta dependencia, a fin de que su personal pueda realizar la verificación de los precios de los útiles escolares y que no se vendan artículos que están fuera de las normas oficiales mexicanas pertinentes.
fuente staf
