Con el objeto de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio indígena, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, declararon como fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos, 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a encontrarse vivos.
Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y se sancionen a los funcionarios implicados de la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
El presidente del CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes y los principales Zenaido García Bernabé y Juan Santiago García, acusaron al delegado federal Agrario de ese entonces Francisco Javier Cañada Melecio; a la dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca por conducto de Daniel Víctor Merlín Tolentino y a los integrantes del Registro Agrario Nacional (RAN), Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral.
Recordaron que según el acta de fecha 12 Agosto del 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea de un pequeño grupo de comuneros que son seguidores de la familia Morales Arias, responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, para separar a 1,013 comuneros del padrón de comuneros y darlos por muertos.
El acta de asamblea de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca del 12 de agosto del 2018, fue avalada por el oficio DRC/UJ/699/2018 firmada por Daniel Víctor Merlín Tolentino, jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca.
Consideran que en esta acta se violentan los derechos de los beneficiarios de medidas cautelares que son comuneros del Núcleo Agrario de Santo Domingo Ixcatlán, al declararlos como fallecidos, hecho totalmente falso, ya que todos los beneficiarios se encuentran con vida.
Esta acta fue validada por funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria.
Posteriormente, con fecha 7 de septiembre de 2018, el Registro Agrario Nacional (RAN) efectuó la calificación registral del acta de asamblea de fecha 12 de agosto del 2018 y con el Estado Mexicano por conducto del Registro Agrario Nacional declara como fallecidos a 1,013 comuneros incluyendo a los 22 beneficiarios de la CIDH.
Los beneficiarios de Medidas Cautelares de la CIDH que dieron por muertos legalmente se encuentran:
José Medina García, Zenaido García Bernabé, Patricio García García, Víctor Hernández García, Fausto García Bernabé, Juan García Castañeda, Guadalupe Saldaña Marcial, Simón García Hernández, Marina Castañeda Castro, Maximina Xochitla Moreno, Paula Bernabé García, Andrés García Hernández, Florina García Bernabé, Marina García Maldonado, Juan Bernabé García, Andrés Martínez Robles, Edith Castañeda García, José Domingo Castañeda García, Manuel García Castro, Delfino García Castañeda, Aurelia Castro Jiménez y Mauricio García García.
Cabe recordar que desde el 19 de mayo de 2008, la Comisión Interamericana emitió Medidas Cautelares a favor de 60 personas entre familiares, amigos y testigos de los asesinatos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, perpetrada el 30 de abril del 2008 por el ex expresidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias.
De acuerdo a los reportes de esa fecha, Gustavo Castañeda Martínez, murió calcinado; Melesio Martínez Robles, fue desollado, e Inocencio Medina Bernabé, fue ejecutado, por ordenes del expresidente municipal, Fredy Eucario Morales Arias, a quien le impidieron reelegirse y le exigieron que rindiera cuentas de su administración.
Con fecha 6 de agosto del 2008, la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más, sin embargo, un pequeño grupo de comuneros seguidores de la familia Morales Arias, responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, los mataron legalmente para despojarlos de sus tierras.
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